Lavado III: piden investigar a extitulares del IPDUV, al intendente de Bermejito y a su secretario de Gobierno

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó ante el Juzgado Federal que se investigue el presunto lavado de activos originado en irregularidades con fondos para viviendas construidas por cooperativas. Por ese delito se apunta al intendente de Villa Río Bermejito y al secretario de Gobierno municipal y familiares de este último. En tanto, por los delitos precedentes, pidió investigar a los expresidentes del IPDUV José Valentín Benítez, Domingo Peppo, Sebastián Agostini, y a Horacio Rey, excoordinador del organismo.

Tras la feria judicial de invierno, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó este lunes el requerimiento de instrucción formal de una causa por presunto lavado de activos originados en irregularidades con el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas de trabajo. La presentación formal del funcionario del Ministerio Público Fiscal fue realizada ante la jueza federal Zunilda Niremperger y se basa, entre otros elementos, en un informe elaborado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia del Chaco, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de mayo de 2016, en base a denuncias penales realizadas por la exdiputada provincial por la UCR y actual gerente de la delegación de ANSES en Resistencia, Ana María Canata y por el periodista Luis Manzini, de la localidad de Villa Río Bermejito.

Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, la acusación por presunto lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembros de una banda y funcionario público, en calidad de autores, apunta contra el actual intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, al secretario de Gobierno Municipal, José Hipperdinger y a familiares de éste último, quiénes habrían ideado una matriz de cooperativas para apropiarse de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas e incorporarlos bajo apariencia de licitud, fundamentalmente a través de la construcción de hoteles tanto en esa localidad como en otros puntos del país.

En tanto, por los delitos precedentes de supuesta “malversación de caudales públicos”, en calidad de autores, “fraude en perjuicio de la administración pública”, en calidad de coautores, e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, se apunta a José Valentín Benítez, Oscar Domingo Peppo, Juan Sebastián Agostini, como expresidentes del Directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), y al excoordinador de ese organismo, Horacio Rey.

“Matriz de corrupción”

Lorenzo Heffner, intendente de Villa Río Bermejito
Según consigna la presentación del fiscal Sabadini, del resultado de los informes y demás elementos producidos en el marco de la investigación preliminar, “se logró establecer la existencia de una organización ilícita integrada por los investigados, creándose una matriz de corrupción, favorecimiento y mecánica fraudulenta que, con la necesaria intervención de funcionarios públicos, generó enormes ganancias ilícitas”. La misma habría consistido en la constitución de “cooperativas” y empresas constructoras privadas integradas por personas allegadas a Heffner e Hipperdinger para la ejecución de obras públicas en el marco de planes de financiamiento nacional, como así también provincial, a gran escala en distintos municipios de la provincia del Chaco.

Hipperdinger tendría relación con al menos cuatro cooperativas que eran administradas por su hijo Adrián, encargado de las cobranzas. Luego, se creó la Federación de Cooperativas del Impenetrable Chaqueño, dependiente del Municipio, a través de la cual tanto Hipperdinger como el propio Heffner habrían manejado los fondos destinados a las obras de viviendas. Otro dato más: esa Federación estaba presidida por Roxana Giménez, pareja de Hipperdinger y cuñada del intendente Heffner.

El secretario de Gobierno de Villa Río Bermejito y su hijo Adrián son, también, socios en la empresa JOA S.H., dedicada a la ejecución de obras públicas y posible proveeduría de materiales de construcción -cuya actividad económica registrada es la venta de materiales de construcción y construcción de edificios-. En tanto, se sospecha que Heffner sería dueño de las empresas “Constructora del Norte” y “Hormigones del Norte”, que estarían a nombre de César Saúl Torres, supuesto testaferro.

En ese contexto, recalca el fiscal federal que “si bien existen exteriorizaciones patrimoniales cuya existencia se encuentran aún pendiente de corroboración en relación a otros sujetos investigados, se logró determinar un exponencial crecimiento económico en los patrimonios de los Sres. Lorenzo Heffener y José Hipperdinger, su círculo familiar cercano y personas jurídicas conformadas al efecto”.

Lavado de dinero

Más adelante, el requerimiento de instrucción de Sabadini fundamenta que “las acciones de lavado de dinero -que se caracterizan por ser un conjunto de operaciones tendientes a otorgar apariencia lícita a activos de origen espurio-, se vislumbran cristalizadas en este caso sin precedente, con la adquisición de una enorme cantidad de bienes inmuebles, vehículos, maquinarias, inyección capital para la crearon personas jurídicas y movimientos de activos en cuentas bancarias, constitución de plazos fijos por montos siderales -sin que pueda hilarse un origen lícito que justifique semejante despliegue económico- todo lo cual fue inscripto ante Registros Públicos (de la Propiedad inmueble, automotor, de Comercio) y entidades bancarias sin levantar sospecha alguna”.

Además, el funcionario del Ministerio Público Fiscal subraya que “se advierte que este esquema patrimonial espurio en su origen, a través de los años habría constituido el basamento de distintas actividades económicas de gran envergadura que los imputados siguen desarrollando hasta la actualidad generando a su vez otros activos y bienes subrogantes, perfeccionándose este circuito de apariencia legal con las inscripciones y declaración de dichos activos y actividades económicas ante la AFIP-DGI y organismos de control público- léase escribanía general de gobierno, Fiscalía de Investigaciones Administrativas- despliegue con el que se cristalizan las acciones ilícitas perpetradas”.

Puntualiza Sabadini que a partir de las distintas maniobras desplegadas “los lavadores terminan en una situación de aparente legalidad y cumplimiento de normas tributarias ante el mismo Estado Nacional al que defraudaron, abonando impuestos nacionales sobre la ganancia ilícita, nótese que, incluso, fueron objeto de fiscalizaciones tributarias por parte del organismo fiscal, en el marco de las que se determinaron montos de impuestos nacionales adeudados que fueron ingresados en planes pagos para su regularización”.

El rol del IPDUV

Con respecto al rol que les cabría a los ex presidentes del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), la presentación da cuenta de que la adjudicación de obras a cooperativas se llevaba adelante mediante contrataciones directas, que eran acordadas por el Directorio del IPDUV, con la firma de su presidente y vocales, excepcionalmente con la sola firma del Presidente, luego refrendada por los vocales. En una etapa posterior, se daba la necesaria intervención del personal de dicho organismo en la certificación de las obras públicas, que importan la verificación o visto bueno referido al avance de las obras, “condición necesaria para los desembolsos financieros o extensión de órdenes de pago posteriores”. En la mayoría de los casos las obras nunca se concretaron.

En ese contexto, sostiene el requerimiento fiscal que las maniobras irregulares detectadas por las cuáles se debía realizar la construcción de viviendas que en su gran mayoría no se concretaron comprende el período que va del 1 de enero de 2011 al 30 de mayo de 2016 incluyendo las gestiones de Benítez, Peppo y Agostini como presidentes. Además, el escrito da cuenta de una denuncia contra Horacio Rey que, como coordinador del IPDUV durante la gestión de Domingo Peppo, habría cobrado supuestos retornos de un 10 por ciento por cada desembolso u orden de pago.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js