El Presidente del Instituto de Colonización defiende la legalidad de la titularización considerando la opinión de las comunidades sobre la población criolla.

“Hay una voluntad política del Estado provincial que trasciende al gobierno actual, de transferir estas tierras a los pueblos originarios y en ese sentido estamos trabajando en el Instituto de Colonización”, expresó el titular del organismo provincial Walter Ferreyra, frente a la última etapa de la titularización de la denominada Reserva Grande, en medio de la polémica planteada en torno del trámite.

El funcionario respondió a la controversia en torno del proceso de mensuras y audiencia pública al que se contrapuso el pedido de una medida cautelar por parte del actual diputado provincial Orlando Charole, promotor también de un pronunciamiento legislativo en contra de los Decretos Provinciales que ordenaron completar tarea, y también desde organizaciones de pueblos originarios como la MOWITOB, que agrupa referentes de los pueblos Moqoit, Wichí y Qom, que en una reciente conferencia de prensa denunciaron “la inconstitucionalidad del procedimiento impulsado por el Gobierno”.

“Estamos avanzando como organismo técnico encargado de la mensura y la posterior tramitación del título de propiedad”, señaló Ferreyra, aludiendo a la orden emitida en los Decretos 3252, 3253, 3256, 3257, 3258 y 3262 todos de diciembre de 2015 que establecieron el plazo de 120 días para completar titularización.

Ferreira comentó que el trabajo la mensura a campo ya se ha terminado y están a la espera de la aprobación de los planos, en tanto el Instituto del Aborigen Chaqueño trabaja para conformar la personería jurídica de las asociaciones de las comunidades a las que se les otorgará el título.

AUDIENCIAS REALIZADAS

El funcionario desestimó el cuestionamiento de la realización de la Audiencia Pública en la que se expresó el aval de las comunidades de considerar la situación de las familias de criollos radicadas en la Reserva, que ya “se tomaron todos los recaudos en términos de anuncio y convocatoria estableciendo fecha, lugar y horario, lo que fue verificado por el propio Poder Judicial y el Defensor del Pueblo

Recordó su reciente informe a la Comisiones de Tierras y de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados en las que relató haber explicado a Charole que la realización de la Audiencia “no significa que deban estar todos” los integrantes de los pueblos originarios y que los presentes dieron su acuerdo a que se concedieran también títulos de propiedad a las familias criollas radicadas desde hace varias generaciones en el lugar.

Ferreyra señaló que en la Audiencia Pública se tuvo en cuenta lo sucedido con el trámite de las tierras del interfluvio Teuco Bermejito a la Asociación Meguesoxochi, donde como en este caso, el conflicto y reclamo de los pobladores criollos, estuvo a punto de generar graves problemas. “Con este antecedente, se hacía necesario que si reconociera que acá también vivían familias criollas, y que consideremos esto. Los Pueblos Originarios tienen la voluntad de hacer lugar a estas familias criollas de tercera y cuarta generación”, aseguró para señalar que el cuestionamiento de “solo un integrante”, no acredita romper ese acuerdo expresado en la Audiencia.

Ferreyra insistió en marcar el rol de organismo técnico del Instituto de Colonización, recordó que el pedido cautelar promovido por Charole alegando la inconstitucionalidad del proceso, ya fue rechazado en primera instancia por la Justicia y señaló que sólo se está a la espera de la figura formal asociativa de las comunidades para transferir el dominio de la reserva en carácter colectivo, tal cual señala la Constitución Provincial.

Sin arriesgar llegar al plazo del 12 de Octubre, cuando las parcialidades originarias que cuestionan el trámite esperan una nueva Audiencia y preparan cortes de rutas en protesta, señaló que se trabaja dentro de los plazos previstos y con la colaboración de otros organismos públicos. “El problema es que una vez que tengamos los planos, necesitamos saber a quién titularizamos las tierras y esta figura jurídica es la que el Idach está esperando” señaló.