Jorge Capitanich firmó un compromiso con comunidades indígenas y criollas de El Espinillo

Después de la multitudinaria presentación de la iniciativa de Reforma Constitucional, Jorge Capitanich y Analía Rach Quiroga iniciaron la campaña para la gobernación en una intensa recorrida por El Espinillo, visitando los parajes El Algarrobal, El Palmar y San Manuel. El candidato a gobernador firmó con el intendente Ricardo Sandoval un acta de compromiso que expresa una serie de demandas de vital importancia para los habitantes de estas comunidades, quienes ven con esperanza el retorno de Capitanich a la gobernación del Chaco. «Voy a trabajar todo el día, todos los días, para que el pueblo chaqueño nos brinde su voto de confianza el próximo 13 de octubre, y que a partir del 10 de diciembre con el Gabinete confirmado empecemos a solucionar sus problemas», les dijo Coqui, que se acerca, toma contacto directo con las familias, las escucha y proyecta los trabajos a realizar. «HICIMOS MUCHO, PERO TENEMOS UN GRAN DESAFÍO» «Hicimos mucho en El Espinillo», recordó señalando obras trascendentales como el centro integrador comunitario, los centros de salud, las viendas, la electrificación rural, entre otras que se hicieron tanto en la zona urbanizada como en los parajes de alrededor. «Pero ahora tenemos un gran desafío para los próximos años», manifestó. «Tenemos que garantizar los mecanismos de provisión de agua, asistencia alimentaria, construcción de viviendas y caminos», afirmó, destacando que una de las primeras obras a realizar será el enripiado de la ruta que conecta Villa Río Bermejito con El Espinillo. Así, se comprometió a avanzar, en caso de volver a hacerse cargo de la máxima administración provincial, con la instalación de una unidad operativa calificada para gestiones de Anses, Senasa, de Registro Civil, de monotributo, entre otros, «de manera que puedan realizar sus trámites en sus pueblos sin trasladarse a otro lugar». Además consideró que es indispensable crear un programa de Seguridad Alimentaria «para la que vamos a trabajar de manera interdisciplinaria». También le acercaron la necesidad de una escuela secundaria bilingüe, y él agregó la propuesta de «generar un modelo que permita capacitar a los chicos para la educación formal y los oficios que van a desempeñar, para lo que se necesitan consejos escolares que puedan planificar y cumplir metas». Otro de los puntos a los que se comprometió tiene que ver con un especial pedido de apoyo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir con la cautelar de frenar la tala de árboles y preservar los bosques nativos. POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Durante la recorrida visitó la sala de extracción apícola de El Algarrobal. Son 200 colmenas que están en proceso de certificación para incrementar la producción actual de 1.500 kilos a 10.000 kilos por temporada y exportar a Estados Unidos y Europa. «Vamos a financiar más colmenas, más tecnología, más equipamiento y un sistema de comercialización digital para que produzcan más, mejor y con precios diferenciales», les aseguró Coqui. Se trata de una estrategia de base exportadora para la miel que inició Capitanich durante su gestión como gobernador. A partir del impulso que le dió, hoy el Chaco cuenta con 2.300 productores apícolas, y ratificó que parte de su compromiso será duplicarlos, así como proveer la estructura logística que necesitan: vehículos, insumos y asesoramiento para la comercialización electrónica. «La miel siempre fue parte de la cultura gastronómica ancestral de nuestros pueblos. La calidad, con certificación y precios diferenciales, es lo mejor que tenemos», consideró. ORDENAMIENTO TERRITORIAL En El Palmar se reunió con pobladores criollos e indígenas que exigen el ordenamiento territorial de las 150 mil hectáreas de la zona interfluvial. Las familias campesinas con sus correspondientes actas de ocupación buscan la convivencia entre criollos e indígenas para solucionar definitivamente este conflicto que afrontan ambas comunidades por la ocupación legítima de las tierras, y que data de más de 20 años. Se trata de habitantes nativos de la zona que necesitan el reconocimiento de sus tierras para poder trabajarlas, ya que son productores y campesinos -más de 300- que por sus derechos ancestrales necesitan ser reivindicados con la posesión dominial. Coqui se comprometió a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con el patrocinio de Naciones Unidas para que intervengan en el conflicto, «arrancando en diciembre un sistema de mediación, dándoles un plazo de 90 días para expedirse y que en el primer trimestre del 2020 tengamos una solución».