MISIÓN NUEVA POMPEYA: CAPITANICH SOLICITÓ UNA INVESTIGACIÓN «A FONDO» Y PROMOVERÁ UNA COMISIÓN EN LA LEGISLATURA

El mandatario se refirió a los hechos de violencia ocurridos en las últimas 48 horas en la localidad, a los que calificó de “operaciones políticas” y como parte del delito de sedición. En el lugar se estableció un dispositivo de seguridad con fuerzas provinciales y nacionales, logrando reinstaurar el orden.

El gobernador Jorge Capitanich se refirió este lunes a los hechos de violencia ocurridos el domingo en Misión Nueva Pompeya, que dejaron un saldo de 40 heridos y la destrucción de diversos edificios públicos. Advirtió el levantamiento de “grupos movidos por un interés político para generar caos y estrépito social” y adelantó que promoverá la creación de una Comisión de investigación en la Legislatura, que investigue el delito de sedición.

“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Pretendo propiciar una comisión de investigación especial de estos episodios, para que exista una investigación imparcial y objetiva”, dijo Capitanich e informó que el Poder Ejecutivo se constituirá como querellante en la causa ya iniciada, “con el objetivo de investigar las acciones sufridas por cada uno de los policías y el perjuicio que eso tiene”.

“¿Por qué hablo del delito de sedición? Porque he observado operación política, trabajo en redes, viralización, con el claro objetivo de generar un perjuicio. Conozco demasiado este oficio, conozco demasiado el sistema de información y cómo se manejan y voy a ir hasta el fondo, porque no voy a permitir que este tipo de hechos sucedan inexorablemente. Queremos que la Legislatura acompañe la investigación para ver efectivamente quiénes respondían a la orden de cada cual en el territorio, todo eso se tiene que esclarecer”, sostuvo el gobernador.

Capitanich manifestó percibir también “operaciones” del orden nacional. “Percibo que actúan ciertos fiscales y ciertos jueces con una estrategia política, que es todo el tiempo desgastar la gestión de gobierno, provocar el caos e inducir a conflictos. Eso necesita que la Cámara de Diputados, en donde están todos los representantes del pueblo, lo puedan investigar hasta las últimas consecuencias”, insistió.

“También es necesario ver si la conducta de los fiscales y jueces es compatible con el Estado de Derecho y obviamente con la resolución del problema, o si no, que se lo someta al jury de enjuiciamiento correspondiente o al juicio político si se trata. Cada cual tiene que asumir la responsabilidad de los hechos, porque si no, es muy fácil hacer esto y echarle la culpa a cualquiera”, acusó Capitanich.

Respecto al protocolo de búsqueda de personas, Capitanich destacó que en la provincia de Chaco “hoy tenemos 1.792 casos de búsqueda, y se resolvieron todos excepto tres. El grado de eficacia es muy bueno”.

SITUACIÓN CONTROLADA

El sábado se vivieron hechos de violencia que fueron escalando hasta llegar al límite de generar destrozos en la sede de la Comisaría y en el Juzgado de la localidad. La situación permanece controlada y hasta el momento hay 21 personas detenidas.

Desde el inicio de los disturbios, el Gobierno provincial desplegó un dispositivo de seguridad con apoyo de Gendarmería nacional que permitió restaurar el orden y generar el cese de la violencia. Además, se movilizaron a la localidad diez comandos del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco.

Una comitiva encabezada por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Perez, entre otras autoridades, viajaron a la localidad para atender personalmente la situación y buscar un camino de diálogo que permita el cese de la violencia.

Es así que desde las 17.30 hasta las 22 del domingo, la comitiva estuvo dialogando con referentes de la comunidad criolla y wichí para llegar a un acuerdo de orden y paz sin condiciones, que permitió dar tranquilidad a las y los habitantes.

Paralelamente, se abrió una causa judicial que quedó a cargo de la Fiscal de Investigación N°1 de Castelli, Raquel Maldonado. Una de las primeras medidas que se tomaron fue la de dar intervención al Gabinete Científico de Castelli para recolectar todas las pruebas e información necesaria que permita identificar a los responsables y constatar los daños ocasionados en esta escalada de violencia. Interviene el Juez de Garantías de Castelli, José Luis Kerbel.

A raíz de los episodios unas cuatro personas fueron derivadas al hospital del Bicentenario General Güemes de Juan José Castelli: dos de ellas con fracturas, una herida de bala y otra con una lesión neurológica que está en estudio. En tanto que en el hospital de Nueva Pompeya se atendieron otras 36 personas con diferentes heridas.

“Se activaron todos los mecanismos de emergencia, tanto en los hospitales de mediana como de alta complejidad. Se fortalecieron las comunicaciones con la red sanitaria para distribuir y organizar el acercamiento de ambulancias y móviles para derivaciones que se requieran”, indicó anoche la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno.

Unas seis ambulancias llegaron de distintas localidades, como Puerto Bermejo e inclusive han sido derivadas ambulancias de Resistencia. Además se designó un equipo de 20 profesionales entre médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares que están llegando a Pompeya “para contribuir con los profesionales que se encuentran trabajando a destajo en nuestros hospitales», comentó la ministra.

SIGUE LA BÚSQUEDA DE SALUSTIANO

Respecto a la búsqueda de Salustiano Gimenez, Zalazar remarcó que «desde el primer momento de su desaparición», desde la Policía del Chaco y del Ministerio de Seguridad y Justicia se acompañó la investigación judicial con el equipo de búsqueda de la provincia.

En este sentido, Zalazar detalló que se ejecutaron los protocolos con el Sistema de Búsqueda de Personas, con canes, drones y agentes calificados, para dar con el paradero del joven. La justicia luego determinó que podría tratarse de un posible homicidio.

La provincia del Chaco es parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, lo que permitió solicitar la intervención de refuerzos de brigadas que estaban en Salta, Tucumán y Buenos Aires, así como escuadrones de Bomberos Voluntarios y de la Policía del Chaco para realizar rastrillajes por cuadrante en toda la región.