El Estado nacional no firmará más convenios con organizaciones sociales para la construcción de viviendas. Si bien se mantendrá el esquema de trabajo de las cooperativas que actualmente se dedican a esas tareas, sus integrantes serán bancarizados y los contratos serán rubricados de manera directa con los estados provinciales, que tendrán el control de las obras.

La decisión fue anticipada hoy por el ex intendente de la capital tucumana y actual secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, quien dijo que el presidente Mauricio Macri anunciará próximamente los alcances de la medida.

El funcionario visitó esta capital junto al secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, con el objetivo de avanzar con la proyección de un plan de obras de cara a los festejos por Bicentenario de la Declaración de la Independencia.
Amaya señaló que la decisión de eliminar la intermediación de las ONG en los planes de viviendas fue empujada por las sospechas de corrupción durante la anterior gestión, como el escándalo protagonizado en Jujuy por la organización Tupac Amaru, cuya titular, Milagro Sala, permanece detenida por múltiples denuncias en su contra.

“La nueva política de vivienda es no trabajar más con ninguna institución intermedia en la construcción de casas. En los próximos días, el Presidente y el ministro del Interior (Rogelio Frigerio), comunicarán la decisión de terminar con la intermediación de las ONG en estos planes”, dijo Amaya a los medios locales. El funcionario agregó que “el Presidente quiere que todas las cooperativas sigan trabajando y construyendo viviendas como lo venían haciendo, pero con sus obreros bancarizados y en condiciones de recibir el pago del 100% de lo que les corresponda por su tarea”.

Respecto de la organización dirigida por Sala, Amaya aseguró que “por decisión del Presidente, la Secretaría de Vivienda y Hábitat no trabaja más de manera directa con la Tupac Amaru, sino que los proyectos ahora se encaran directamente con el Estado de Jujuy. Ahora hay un doble control, por parte de la Provincia y de la Nación, que puso a disposición de los organismos de control toda la documentación sobre los convenios firmados durante la anterior gestión con esta organización para que éstos definan si corresponde o no recurrir a la Justicia”, acotó.