Por qué es imposible que el aborto pueda considerarse un derecho a la salud de la mujer embazarada

Por: Débora Ranieri (*)

Uno de los argumentos más escuchados en las últimas semanas respecto a los reclamos de despenalización del aborto ha sido el «derecho a la salud de la mujer». Pero el aborto no puede encuadrarse en el derecho a la salud sencillamente porque el embarazo no es una enfermedad que pueda ser «curada» con el aborto. Advertimos que en este debate no sólo se desprecia sistemáticamente al embrión, sino también al «estado del embarazo». Hay una permanente valoración peyorativa sobre ese estado de la mujer.

Pero justamente el derecho comparado ha mostrado en la última década los efectos perniciosos para la salud de la mujer, efectos producidos por la huella que deja todo aborto, sea legal o ilegal. Es decir, y conviene aquí salir de una falacia, las heridas que el aborto deja en la mujer no provienen de la penalización del aborto, sino de la misma acción de abortar, dado que estos efectos se han comprobado por abundante literatura científica en los países en los que el aborto hace más de cuatro décadas se encuentra legalizado.

La medicina ha demostrado, por ejemplo, qué sucede en el cerebro de una mujer que aborta y las complicaciones psiquiátricas sumamente complejas que puede desencadenar. Los tipos de conductas que desencadena van desde una emoción negativa y ansiedad, hasta trastornos afectivos como la depresión, problemas de conducta como abuso de sustancias, reactivación de trastornos psiquiátricos existentes previamente, intento de suicidio o suicidio consumado.

Incluso ya se encuentran estudios que han comparado la salud psíquica de mujeres que abortan con las mujeres que dan a luz un hijo inicialmente no deseado. En ninguna de estas investigaciones se ha probado que el aborto inducido se asocie a una mejor evolución mental de la mujer.

Todos estos estudios señalan que es razonable dedicar esfuerzos a los cuidados de la salud mental de las mujeres que han tenido un aborto inducido. Incluso se la considera una población de riesgo, que hay que tener en cuenta en las políticas sanitarias.

Ante estas evidencias ¿Cómo pueden los diputados aprobar un proyecto que desde el Estado ayudará a que estos trastornos se multipliquen? ¿Cómo podrán cerrar los ojos y desentenderse de estas consecuencias para la salud de las madres? La evidencia es abundante y acercarse a su lectura causa sin duda estremecimiento de cualquier persona con una mínima humanidad. El Estado argentino contribuiría a perjudicar la salud de la mujer en lugar de protegerla y cuidarla.

(*) Dra. en Ciencias Jurídicas (UCA-UBA) – Opinión para Télam