UN DIPUTADO PROPUSO LA PENA DE MUERTE PARA VIOLADORES Y ASESINOS

19 diciembre, 2020

Francisco Sánchez, legislador nacional del PRO por la provincia de Neuquén, planteó la idea en sus redes sociales. La iniciativa que enviaría al Congreso en 2021 contempla la pena capital solo en casos de abuso sexual seguido de homicidio de menores de edad

Lucas Tahiel Quirós tenía dos años y cuatro meses, murió el pasado fin de semana en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata donde permaneció 13 meses internado por el daño que le ocasionó su padrastro. Rubén Oscar Pérez lo violó cuando tenía un año y lo golpeó de una manera tan brutal que al ingresar al nosocomio aquel 4 de noviembre de 2019 debió ser sometido a una craneotomía para drenar el líquido que se había acumulado producto de los golpes recibidos, y una traqueotomía para que pudiera respirar.

Con el correr de las semanas, debido al abuso sufrido, padeció un cuadro de estrés agudo con picos de hipertensión. Su pronóstico era tan negativo que incluso los médicos plantearon que podía quedar cuadripléjico. El triste desenlace llegó el pasado sábado por la mañana: Lucas no tuvo más fuerzas, su corazón dejó de latir tras más de un año de agonía.

Mientras tanto, el autor material de tal aberración se encuentra prófugo. El día del hecho, Griselda -la madre de la víctima- salió a hacer compras y dejó en su casa de Alejandro Korn a su hijo al cuidado de Rubén Oscar Pérez. Cuando regresó el nene se encontraba inconsciente -”parece que no respira”, dijo el padrastro intentando dar explicaciones visiblemente nervioso-. Inicialmente la criatura fue atendida en el Hospital Cecilia Gierson de Guernica. Cuando un médico se acercó a la madre para comunicarle que su bebé había sido violado, golpeado y asfixiado, Pérez ya se había escapado. Desde entonces tiene pedido de captura y tras la muerte de Lucas su causa fue recaratulada a “homicidio agravado y abuso sexual agravado”. Durante este año, mientras el bebé luchaba por sobrevivir, el violador prófugo hostigó en varias oportunidades a Griselda.

Días atrás en Tucumán, un nene de un año fue abusado sexualmente en un club de barrio y por el hecho hay dos hombres señalados como presuntos autores. A principios de diciembre, en la localidad de Llavallol, fue detenido Enzo Matías Pereyra acusado de esclavizar, torturar y violar a cuatro mujeres (tres de ellas menores de edad) durante la cuarentena.

Los tres casos que cobraron notoriedad estas últimas semanas son apenas una muestra de un sinfín de hechos aberrantes de esta magnitud y evidencian una inacción estatal que debería interpelar a las autoridades políticas y judiciales. La noticia de la muerte de Lucas Quirós fue la gota que rebalsó el vaso para un diputado nacional, que propuso en consecuencia ejecutar a violadores y asesinos de menores.

“Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como éstos”, publicó en sus redes Francisco Sánchez, legislador del PRO por la provincia de Neuquén.

Francisco Sánchez fundamentó el proyecto que ingresaría en 2021 al Congreso de la Nación.

¿El caso del bebé que murió producto del abuso de su padrastro lo motivó a anunciar la posibilidad de pensar en aplicar la pena capital en hechos de este tipo?

Muchos de los que pensamos hoy que la pena de muerte después de un caso como ese puede aplicarse lo venimos pensando desde hace mucho tiempo. Hemos leído y nos hemos enterado de situaciones aberrantes como esa muchas veces lamentablemente y vemos cómo quienes cometen ese tipo de delitos llevan adelante un proceso con todas las garantías que le corresponde a cualquier criminal en la Argentina, con todos los beneficios, mientras que a las víctimas y su familia, nada. Para delitos tremendos y aberrantes como ese, entiendo que debe haber una pena como la muerte. Después de haber discutido y dado media sanción al aborto, donde de alguna manera se denuncia el Pacto de San José de Costa Rica al que Argentina adhirió en 1984, entendemos que hay una ventana interesante para meter esta iniciativa como algunas otras vinculadas a las prisiones perpetuas. Es una buena oportunidad para hacerlo.
¿Por qué hace el corte en violadores y asesinos de menores?
Es un crimen aberrante, intolerable, y quien lo comete ya no es, a mi entender, una persona humana, sino que se convierte prácticamente en un monstruo. Uno puede entender que haya distintos tipos de delitos y de crímenes, pero en estos casos la idea de pensar en un adulto penetrando a una criatura de un año o dos y luego asesinándola, considero que ahí ya no hay una persona humana. Esa condición la hace merecedora de un castigo único que es eliminar su vida.
¿Pero cuál es la diferencia en el caso de un adulto que asesina a otra persona mayor de edad, o de un criminal que viola y mata a una mujer mayor de edad?
Siempre defendemos al más débil, ha sido históricamente parte de nuestra cultura. No hay nada más débil que una criatura, que un niño pequeño. Violar y matar a un menor es un acto tremendo que merece específicamente la pena de muerte. No puedo imaginar peor estado de locura, no son para mí seres humanos. No estoy hablando de que otros no lo merezcan, posiblemente haya gente que incluya secuestro seguido de muerte, violación y muerte de mujeres adultas también.
¿Cree en la reinserción social?
Nos tenemos que replantear también las políticas garantistas que llevan más de 20 años. ¿Han tenido buenos resultados? ¿Sus efectos han sido positivos? Yo creo que no. Hay que ser mucho más duro. Quienes proponen garantismo tuvieron tiempo suficiente para demostrarnos que no han sido eficientes y que esa intención de reinsertar al delincuente y tratarlo como si fuera una víctima en sí mismo no da resultado. A los presos por delitos sexuales los tratamos demasiado bien como sociedad: tienen un sueldo, se les da comida, todo tipo de protección, servicios de salud que muchos argentinos que no pueden pagar una prepaga no lo tienen, odontología gratuita, campos deportivos, aulas de primaria, secundaria, universidad, e inclusive oficios. Demasiados beneficios a quienes delinquen y a las víctimas las dejamos de lado. No creo que la reinserción social sea efectiva hoy en la Argentina. A pesar de las condiciones y los beneficios, muchas veces las cárceles son caldo de cultivo para mejoramiento de las capacidades delictivas. Si bien eso está establecido en la Constitución, que las cárceles están para reinsertar, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio. No se puede ver nunca al victimario como víctima. Hay organizaciones de derechos humanos metidas dentro de las cárceles obligando a que las condiciones sean cada vez mejores, presionando al sistema penitenciario federal, presionan a los jueces. La realidad es que quienes están dentro de las cárceles están ahí porque han cumplido un proceso derivado de un delito que cometieron. Cada uno sabe lo que hace.
¿Cómo se aplicaría la pena de muerte?
Cumplido el proceso que corresponde llevar adelante en estos casos hay que analizar en cada situación qué procedimiento corresponde llevar adelante. Hay que terminar de definirlo.
¿Considera que la política está capacitada para dar este debate?
No, no creo, pero hay que darlo. No veo en el Congreso un ámbito propicio para aprobar este tipo de leyes pero hay que ponerlas en discusión. Menem (Carlos) lo intentó en la década del 90 y no lo pudo lograr, él habló de un plebiscito y no tuvo buenos resultados. En otras oportunidades se planteó y no se pudo avanzar, ahora creo que es una buena oportunidad.
¿Aunque no lo apoyen legisladores de su espacio?
Hay falta de apoyo de legisladores de mi espacio y hay apoyo de legisladores de otros espacios.
¿Dentro del oficialismo también?
No tengo dudas de que sí. No es la visión del oficialismo, pero también estoy seguro que como en el debate del aborto hay muchos legisladores con una opinión contraria.
¿Y la Justicia está apta para aplicar este tipo de condenas?
Lo más grave que puede ocurrir es que en un hecho de este tipo decida la pena de muerte de una persona que no ha sido culpable de este hecho. Para este tipo de cosas la Justicia puede dar respuesta porque hoy está con una tendencia al garantismo sobre los delincuentes más que a ejercer con mano dura su función. En ese sentido, están dadas las condiciones. No habría posibilidades hoy de que se cometan arbitrariedades y errores graves. La Justicia tiene que iniciar un proceso orientada no a garantizar los derechos de los delincuentes sino empezar a analizar qué es lo que más nos conviene como sociedad. En eso diputados y senadores tenemos mucho que ver, si se legisla en un sentido que se decide que lo que tiene que prevalecer son los derechos de las víctimas en lugar del victimario, vamos a encontrar un buen camino.